La polémica adquisición a ‘precio de oro’ tiene al órgano electoral y a sus miembros hundidos en una maraña ética-jurídica- financiera, sin solución inmediata
Roberto Barboza Sosa / rbarbozasosa@hotmail.com
La oscura transacción de 32 millones de pesos realizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), en la compra-venta del inmueble donde presuntamente sería su sede definitiva, tiene a ese organismo y a sus consejeros hundidos en una maraña ética-jurídica-financiera, sin solución inmediata.
Juristas, dirigentes partidistas y legisladores exigen se clarifique y, en su caso, se sancione administrativa y penalmente esa irregularidad que le está costando a los tabasqueños ese millonaria desembolso.
Los cuestionados consejeros electorales del IEPCT entraron en una fase más de descrédito por la polémica adquisición realizada del edificio ubicado en el número 1206 del Periférico, en la colonia Tamulté, en esta capital.
Ahora los consejeros electorales están enfrascados en un enredo legal y moral, pues no sólo aprobaron un sobrevaluado precio, sino que sin dictamen técnico de por medio adquirieron a ‘precio de oro’, prácticamente a ciegas un edificio y terreno defectuoso.
Mientras tanto, el costo económico para el IEPCT se ha elevado en casi dos millones más, pues desde la compra del edificio —abril de 2011— hasta la fecha, el organismo electoral tuvo que erogar en rentas y adecuaciones de otras casas al no poder ocupar ese desahuciado inmueble del Periférico.
Además, se tenía contemplado erogar otros ocho millones de pesos para construir una ampliación, pues el inmueble ‘queda chico’ para albergar todas las áreas del IEPCT.
Este enredo inmobiliario-electoral amerita que se debe proceder penalmente e inhabilitar de cualquier cargo público tanto al ex consejero presidente Alfonso Castillo Suárez —responsable en su momento de la compra— y todos los consejeros electorales que permitieron y la avalaron, señala el abogado Sergio Antonio Reyes Ramos, quien sostiene que esa adquisición se puede cancelar con un juicio de nulidad.
“Todos los consejeros —asegura— tendrán igual responsabilidad en la compra; lo fundamental es la sobre-valuación que hubo. El inmueble, al parecer, fue sobrevaluado en un 100 por ciento, pero esto fue autorizado sin ninguna oposición por todos los consejeros”.
MÁS QUE FRAUDE, FUE PECULADO
“Lo que habría que ver aquí, yo creo que más que fraude es un peculado, los consejeros favorecieron a un particular al haber autorizado esa compra millonaria y también por el delito de coalición de funcionarios; los consejeros se coaligaron”, declara Reyes Ramos.
“No nada más ahí acaba, también está implicado el secretario ejecutivo Armando Maldonado que acudió a protocolizar la compra ante notario. El notario mismo que haya autorizado esta compra”, señala el jurista al mencionar que revisa la escritura pública 34501, del 11 de abril del 2011 de la Notaria Pública número 27, donde se formalizó esa compra-venta.
“La estamos estudiando para ver qué hay que hacer en un momento dado; claro, se les puede llevar a juicio político o a una declaración de procedencia ante el Congreso, para separarlos del cargo e inhabilitarlos (a los consejeros), independientemente de la acción penal que esto conlleve”, apunta.
IMPLICADOS… HASTA EL NOTARIO
Explica que también habría que ver en materia civil, si en base a un delito cometido pueda anularse ese contrato de compra-venta; debe haber un indicio, “por eso la responsabilidad del notario, porque el notario no solamente certifica, sino también autoriza y dice: ‘no hay vicios’. Entonces, es responsabilidad compartida de todos los consejeros, desde el secretario Ejecutivo, que es el que va y formaliza, e inclusive del notario, hay que hacer el procedimiento contra todos”, plantea.
Por su parte, el consejero presidente provisional del IEPCT, Gustavo Rodríguez Castro, anuncia que el caso se turnaría a la Contraloría General de ese organismo electoral, que desde la misma fecha de compra-venta debió estar involucrada para supervisar esa adquisición.
Según el artículo 362 de la Ley Electoral del estado, la Contraloría General tiene facultades para fijar los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del Instituto Estatal.
Es obligación de la Contraloría interna —ente autónomo dentro del IEPCT— revisar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto Estatal, se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias.
“Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gastos autorizados se han aplicado legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados”, señala la Ley.
Rodríguez Castro solicitaría que la Contraloría interna del IEPCT realice una investigación del procedimiento de compra de la nueva sede.
CONTRALORÍA ACTÚA TARDÍAMENTE
En sesión, el consejero presidente del IEPCT, Gustavo Rodríguez Castro leyó un comunicado en el que dio a conocer que la empresa denominada Reyco Remodeladora y Constructora, realizaba la inspección del edificio de Periférico, paralelamente la Contraloría interna realizaría una revisión de todo el procedimiento y en caso de encontrar alguna irregularidad proceder conforme a derecho.
“Para los efectos de asegurarnos sobre la funcionalidad del edificio se ordenó la realización de un dictamen técnico, para lo cual previo el procedimiento administrativo, lo hace contratando un servicio de la empresa denominada Reyco Remodeladora y Constructora SA de CV, a través de su apoderado legal Martín Mora Guzmán, la cual se encuentra realizando los respectivos trabajos de inspección física, analítica y técnica del bien inmueble”, detalló.
El consejero presidente señala que ante la inquietud de los representantes de los partidos políticos se instruyó a la Contraloría General del IEPCT para que en el ámbito de sus funciones y atribuciones legales se aboque al conocimiento y revisión de todo el procedimiento de cuenta para que en caso de encontrar alguna irregularidad proceda conforme a derecho.
“Una vez que haya emitido el dictamen técnico por parte de la empresa contratada para tal fin y si éste se advierte en anomalías que pudieran implicar faltas administrativas y legales, se instruye a la Contraloría interna para que dentro de sus atribuciones legales proceda a dar inicio al procedimiento legal conducente”, expuso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario