Mediático vs legal

Una de las formas más recurridas para aplastar a los enemigos en la actualidad es la difusión de videos, audios, correos electrónicos u otros medios de comunicación privados, que involucran a actores políticos o personajes conocidos incurriendo en cualquier tipo de ilegalidad; mismos que han sido los escándalos del día, del mes y hasta del año. 

Rosa Elvia Bracamontes  /  rosaelviab@hotmail.com

Quién no recuerda aquel video de las ligas de Bejarano en complicidad de Ahumada, con hartos billetes que destapó la cloaca del perredismo; una de las colas pesadas que va cargando el que ya tolera a los corruptos, Andrés Manuel López.

También se han difundido audios de llamadas telefónicas entre funcionarios públicos, donde trascienden operaciones de alto grado de peligrosidad relacionados con el crimen organizado y no sucede absolutamente nada; la impunidad se sitúa victoriosa siempre.

Y en estos tiempos electorales no ha dejado salpimentar, como sucedió con la presidenciable Josefina Vázquez Mota, cuando fue captada en llamada telefónica, burlándose justo de eso, que fuera objeto de espionaje telefónico, tal como sucedió.

En tales casos la gente se queda con dudas; no alcanza a comprender por qué el espionaje telefónico no trasciende legalmente; otros se alzan de hombros, sabedores que el propósito es golpear pero no matar.

Y así es. El sistema sabe qué tiene que hacer, cuando quiere hacer algo. Valga el juego de palabras. En las mañas del poder nadie da brinco sin huarache.

Hasta el político menos pudiente se allega de un cuate que le intelige a las cuestiones legales y le advierte que el espionaje telefónico sin autorización judicial es igual que nada, pero también que violar la comunicación privada de esta forma está tipificado como delito con sanción inherente, por citar un ejemplo.

Por ende, como sociedad no perdamos de vista que esto sólo sirve para cortar el aire, alisar arrugas, fustigar el morbo social y/o enderezar el dedo acusador contra el infame captado afectando el interés social, pero sin ir más allá. La emoción social es carne de cañón en el juego de intereses. 

Lo cierto es que cuando alguien desea justicia sobre hechos de naturaleza ilícita, pone la denuncia y solicita la correspondiente orden judicial que permite acceder a información confidencial o restringida a terceros, así como a indicios e incluso humanos salvaguardados con privacidad.

Estos resultados, incluidos los grabados en videos o audios, se convierten en sendas pruebas que enamoran a los impartidores de justicia porque con ellas logran condenar o absolver con certeza jurídica. Así debe ser, pero se soslaya deliberadamente.

Vivimos bajo el imperio de la Ley, sujetos a su cumplimiento, sin excepciones; por eso debemos exigir justicia para todos, incluidos aquéllos que, incurriendo en ilegalidades, trascienden a la opinión pública, otras ilegalidades con fines mediáticos, sabedores que con ello nadie saldrá perjudicado legalmente.

Vamos caminando paso a pasito, buscando lo correcto, legal, armónico y responsable. Quien la haga que la pague, pero todo por la vía que corresponde: la legal. Ni más, ni menos, por justa justicia.