Cronocracia

Una de las principales características que ha distinguido al desarrollo del sistema democrático mexicano ha sido el interés que ha prevalecido por consolidar reglas más eficaces para las contiendas electorales, al contenido de su legislación electoral.

Rosa Elvia Bracamontes / rosaelviab@hotmail.com

Desde 1989 a la última reforma federal, en 2008, se han reconocido los derechos político-electorales de los ciudadanos; se creó un sistema de partidos competitivos y la organización de procesos electorales.

En la reforma de 1989-1990 se creó el IFE, el padrón electoral, la lista nominal de electores y el Tribunal Federal Electoral, elementos fundamentales del sistema electoral mexicano.

Para 1993 se regula el financiamiento público y fiscalización de los partidos políticos; en 1994 se ciudadaniza la autoridad electoral desde la mesa directiva de casilla hasta el Consejo General e implementan las medidas de seguridad y certeza para los procesos electorales como la doble insaculación de los ciudadanos que integran tales mesas.

1996 trae una revisión del COFIPE, que consolidó al IFE como organismo autónomo, libre de tutela del Poder Ejecutivo, y diseña un conjunto de reglas para garantizar una contienda equitativa y consolidar a los partidos políticos como entidades de interés público.

Se lee bonito el texto, ¿no? Suelen ser los textos de los funcionarios públicos y académicos en sus discursos, pero los temas democráticos provocan en los mexicanos alzar cejas escépticas ante la incongruencia que existe en el espíritu del trabajo legislador y la realidad.

El proceso electoral federal prueba que las instituciones electorales distan de constituirse en las ideadas para tutelar los principios rectores en materia electoral; se confía en que la gente no sabe cuáles son; total, suena bonito en los comerciales del IFE.

Lejos queda el trabajo histórico que realizó el IFE comandado por Woldenberg, donde la democracia dio un “hit” ante el férreo control que tuvo en los asuntos de su competencia. Nuestros valores democráticos estuvieron al alza y pocos se atrevieron a criticar dichos trabajos.

La letra del COFIPE falleció, está muerta; términos como “actos anticipados de precampaña y campaña electoral” son ignorados por los partidos políticos, candidatos y las autoridades electorales.

La presión sobre las emociones y pasiones sociales norma el criterio de las instancias electorales. Volvimos a los tiempos donde “política mata a Derecho” con el verso de no crear mártires políticos, en caso de imponer sanciones a cualquiera de los presidenciables en contienda.

Rebasar el tope de gastos de campaña se sanciona con la salida de la contienda electoral —en la Ley, claro— pero el IFE ecuánime reza que la fiscalización de este concepto se hará a la conclusión de la contienda. ¿Anacronismo intelectual masivo de sus consejeros?

Se lucha por sacar del letargo a la grosa abstencionista, pero el autismo de las autoridades electorales y la judicialización de las contiendas electorales, con criterios discrepantes, provocan en el indeciso y/o apático-escéptico la clásica conclusión: ¡al diablo con el Gobierno, al diablo con las elecciones, al diablo con tanta farsa millonaria y ociosa!

Así que descanse en paz el COFIPE y de paso la Ley Electoral de Tabasco… ¡Eran tan buenos!