Con las obras apresuradas del Plan Hídrico en 2010 se cometieron omisiones graves, establece el organismo
Las afectaciones patrimoniales causadas a unos 130 mil tabasqueños por las escotaduras y canales de alivio —tantas veces negada por la Comisión Nacional del Agua— deberán resarcirse, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que, por primera vez en su historia, emite una recomendación que ordena a los tres órdenes de gobierno reparar los daños “a todos” los que fueron afectados en 2010 para evitar otra inundación mayor en Villahermosa.
Derivado de las quejas interpuestas por cinco mil 710 “víctimas directas” por las pérdidas en sus cultivos y enseres domésticos causadas por las inundaciones de 2010, el organismo emitió el 10 de noviembre, luego de analizar el expediente CNDH/1/2010/5069/Q y agotar las indagatorias, la recomendación 61/2011 dirigida al director general de la Conagua, José Luis Luege; al gobernador Andrés Granier y a los presidentes de ocho ayuntamientos de la entidad, para que procedan al resarcimiento de daños.
En la recomendación contenida en 39 cuartillas, la CNDH ordena a dichas autoridades instruir se implementen las acciones necesarias para reparar los daños en términos de lo que establecen los procedimientos administrativos previstos, “a todos quienes acrediten haber sufrido afectaciones, independientemente de que hayan tenido la calidad de quejosos o no en el presente asunto”, con motivo de las omisiones en las que se incurrieron antes, durante y posterior a los hechos señalados por las víctimas.
OMISIONES Y HASTA ACTOS DE CORRUPCIÓN
Para dar parte de esta recomendación —firmada por el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva— a las instancias implicadas, se apersonó en la entidad el primer visitador del organismo, Luis García López Guerrero.
En la parte medular del documento se establece que se detectaron en Tabasco obras inconclusas, omisiones, presuntos actos de corrupción e incumplimiento de normas por parte de autoridades locales y federales, que impidieron prevenir mayores riesgos en las inundaciones en 2010.
Ante las quejas que recibió de parte de representantes y habitantes de 56 comunidades tabasqueñas, el organismo emprendió una investigación que culminó en la recomendación 61/2011, al acreditarse violaciones a los derechos, a la seguridad jurídica, legalidad, propiedad y posesión.
Asimismo establece que se transgredieron derechos al trato digno y protección a la salud, vivienda adecuada y al desarrollo.
LA PROTECCIÓN NO SE HIZO REALIDAD
Los agraviados denunciaron que aunque desde 2003 las autoridades de los tres niveles de gobierno han destinado recursos para encontrar una solución a este problema, tanto el Pla
n Integral Contra Inundaciones (PICI) y el Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT) no se concluyeron en los tiempos que se habían previsto.
La CNDH determinó que existen una serie de irregularidades “que han hecho que las obras permanezcan inconclusas y que los beneficios que pudieron derivar de su correcta operación, como lo es la disminución de los riesgos en la población por efecto de las inundaciones, no lleguen a ser una realidad”.
Se recomienda implementar un plan para contingencias conforme a la legislación en materia de protección civil, con la finalidad de establecer medidas efectivas que permitan brindar la atención oportuna durante el desarrollo del evento hidrometeorológico y, posteriormente, apoyar a las personas que resulten afectadas a fin de brindar mayor seguridad y salvaguardar lo relacionado con el derecho a la protección de la salud.
Además, se pide diseñar campañas de difusión en la que se proporcione a la población información detallada y comprensible, sobre las zonas de alto riesgo así como del peligro que existe para su integridad física y su patrimonio en caso de establecerse en ellas.
HABRÁ DENUNCIA PENAL ANTE PGR
De manera específica, al titular de Conagua, José Luis Luege, se le requiere que instruya a concluir en tiempo y forma, las obras hidráulicas planeadas para realizarse entre el periodo de 2007 a 2012, para disminuir la situación de vulnerabilidad que enfrentan los habitantes a causa de las inundaciones; que se realicen los estudios en todos los afluentes de los ríos que escurren libremente, y se tomen las medidas técnicas para desarrollar y ejecutar un sistema hídrico de protección, para evitar inundaciones como las ocurridas en 2010.
Le pide, además, colaborar con el ombudsman nacional en la presentación y trámite de la queja que promueva ante el Órgano Interno de Control de Conagua, por los hechos narrados en la recomendación, así como en las investigaciones derivadas de la denuncia que con motivo de los hechos presente la CNDH ante la Procuraduría General de la República, para que determine la responsabilidad penal en que hayan incurrido servidores públicos federales.
Se recomienda, además, instruya, a quien corresponda, para que cuando se tenga previsto desarrollar obras de infraestructura hidráulica en Tabasco, se implementen medidas para informar a la población que será impactada por las mismas, atendiendo a los principios que sustentan la política hídrica nacional, con especial énfasis, en el derecho que tiene la sociedad a recibir información oportuna, plena y fidedigna, para evitar daños similares o mayores a los ya acontecidos, así como pérdidas patrimoniales y de salud.
También le recomienda que, a través del Organismo de Cuenca Frontera Sur, y de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Aguas Nacionales, establezca un seguro contra daños por inundaciones en zonas de alto riesgo en el estado de Tabasco, en atención a que no fue remitida a la CNDH prueba alguna que e
videnciara su existencia y vigencia durante las inundaciones de 2010.
SERÁN DENUNCIADOS FUNCIONARIOS ESTATALES
Al titular del Ejecutivo del estado se le demanda colaborar con el ombudsman en la presentación y trámite de la queja que promueva ante la Contraloría de Tabasco, y en las investigaciones derivadas de la denuncia que con motivo de los hechos presente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, para determinar la responsabilidad penal en que hayan incurrido servidores públicos estatales.
Además, se le recomienda instruir para que se diseñen e impartan cursos de capacitación en materia de derechos humanos para servidores públicos que realizan funciones durante emergencias y desastres, con la finalidad de que apeguen su conducta a estas directrices, toda vez que sin autorización, notificación previa o decreto de expropiación, cientos de pobladores de varias comunidades fueron desalojados de sus viviendas mediante el empleo de la fuerza pública..
A los ayuntamientos de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Centla, Jalpa de Méndez y Nacajuca, se les recomienda diseñar e impartir cursos integrales de capacitación y formación a los servidores públicos municipales relacionadas con la materia de protección civil, que tengan como finalidad orientar la actuación de las autoridades y evitar hechos similares a los que dieron origen al presente pronunciamiento, así como colaborar ampliamente con la CNDH en la presentación y trámite de la queja que promueva ante las Contralorías de sus municipios.
RESPONDE EL GOBERNADOR DE TABASCO
De acuerdo a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los involucrados tienen un plazo de 15 días hábiles para dar respuesta sobre la aceptación de la recomendación, y se advierte que la falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la Recomendación no fue aceptada, por lo que la CNDH quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa circunstancia.
El mandatario estatal respondió al día siguiente y señaló que revisará su contenido para responder en los términos de la ley.
Derivado de las quejas interpuestas por cinco mil 710 “víctimas directas” por las pérdidas en sus cultivos y enseres domésticos causadas por las inundaciones de 2010, el organismo emitió el 10 de noviembre, luego de analizar el expediente CNDH/1/2010/5069/Q y agotar las indagatorias, la recomendación 61/2011 dirigida al director general de la Conagua, José Luis Luege; al gobernador Andrés Granier y a los presidentes de ocho ayuntamientos de la entidad, para que procedan al resarcimiento de daños.
En la recomendación contenida en 39 cuartillas, la CNDH ordena a dichas autoridades instruir se implementen las acciones necesarias para reparar los daños en términos de lo que establecen los procedimientos administrativos previstos, “a todos quienes acrediten haber sufrido afectaciones, independientemente de que hayan tenido la calidad de quejosos o no en el presente asunto”, con motivo de las omisiones en las que se incurrieron antes, durante y posterior a los hechos señalados por las víctimas.
OMISIONES Y HASTA ACTOS DE CORRUPCIÓN
Para dar parte de esta recomendación —firmada por el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva— a las instancias implicadas, se apersonó en la entidad el primer visitador del organismo, Luis García López Guerrero.
En la parte medular del documento se establece que se detectaron en Tabasco obras inconclusas, omisiones, presuntos actos de corrupción e incumplimiento de normas por parte de autoridades locales y federales, que impidieron prevenir mayores riesgos en las inundaciones en 2010.
Ante las quejas que recibió de parte de representantes y habitantes de 56 comunidades tabasqueñas, el organismo emprendió una investigación que culminó en la recomendación 61/2011, al acreditarse violaciones a los derechos, a la seguridad jurídica, legalidad, propiedad y posesión.
Asimismo establece que se transgredieron derechos al trato digno y protección a la salud, vivienda adecuada y al desarrollo.
LA PROTECCIÓN NO SE HIZO REALIDAD
Los agraviados denunciaron que aunque desde 2003 las autoridades de los tres niveles de gobierno han destinado recursos para encontrar una solución a este problema, tanto el Pla
n Integral Contra Inundaciones (PICI) y el Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT) no se concluyeron en los tiempos que se habían previsto.La CNDH determinó que existen una serie de irregularidades “que han hecho que las obras permanezcan inconclusas y que los beneficios que pudieron derivar de su correcta operación, como lo es la disminución de los riesgos en la población por efecto de las inundaciones, no lleguen a ser una realidad”.
Se recomienda implementar un plan para contingencias conforme a la legislación en materia de protección civil, con la finalidad de establecer medidas efectivas que permitan brindar la atención oportuna durante el desarrollo del evento hidrometeorológico y, posteriormente, apoyar a las personas que resulten afectadas a fin de brindar mayor seguridad y salvaguardar lo relacionado con el derecho a la protección de la salud.
Además, se pide diseñar campañas de difusión en la que se proporcione a la población información detallada y comprensible, sobre las zonas de alto riesgo así como del peligro que existe para su integridad física y su patrimonio en caso de establecerse en ellas.
HABRÁ DENUNCIA PENAL ANTE PGR
De manera específica, al titular de Conagua, José Luis Luege, se le requiere que instruya a concluir en tiempo y forma, las obras hidráulicas planeadas para realizarse entre el periodo de 2007 a 2012, para disminuir la situación de vulnerabilidad que enfrentan los habitantes a causa de las inundaciones; que se realicen los estudios en todos los afluentes de los ríos que escurren libremente, y se tomen las medidas técnicas para desarrollar y ejecutar un sistema hídrico de protección, para evitar inundaciones como las ocurridas en 2010.
Le pide, además, colaborar con el ombudsman nacional en la presentación y trámite de la queja que promueva ante el Órgano Interno de Control de Conagua, por los hechos narrados en la recomendación, así como en las investigaciones derivadas de la denuncia que con motivo de los hechos presente la CNDH ante la Procuraduría General de la República, para que determine la responsabilidad penal en que hayan incurrido servidores públicos federales.
Se recomienda, además, instruya, a quien corresponda, para que cuando se tenga previsto desarrollar obras de infraestructura hidráulica en Tabasco, se implementen medidas para informar a la población que será impactada por las mismas, atendiendo a los principios que sustentan la política hídrica nacional, con especial énfasis, en el derecho que tiene la sociedad a recibir información oportuna, plena y fidedigna, para evitar daños similares o mayores a los ya acontecidos, así como pérdidas patrimoniales y de salud.
También le recomienda que, a través del Organismo de Cuenca Frontera Sur, y de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Aguas Nacionales, establezca un seguro contra daños por inundaciones en zonas de alto riesgo en el estado de Tabasco, en atención a que no fue remitida a la CNDH prueba alguna que e
videnciara su existencia y vigencia durante las inundaciones de 2010.SERÁN DENUNCIADOS FUNCIONARIOS ESTATALES
Al titular del Ejecutivo del estado se le demanda colaborar con el ombudsman en la presentación y trámite de la queja que promueva ante la Contraloría de Tabasco, y en las investigaciones derivadas de la denuncia que con motivo de los hechos presente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, para determinar la responsabilidad penal en que hayan incurrido servidores públicos estatales.
Además, se le recomienda instruir para que se diseñen e impartan cursos de capacitación en materia de derechos humanos para servidores públicos que realizan funciones durante emergencias y desastres, con la finalidad de que apeguen su conducta a estas directrices, toda vez que sin autorización, notificación previa o decreto de expropiación, cientos de pobladores de varias comunidades fueron desalojados de sus viviendas mediante el empleo de la fuerza pública..
A los ayuntamientos de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Centla, Jalpa de Méndez y Nacajuca, se les recomienda diseñar e impartir cursos integrales de capacitación y formación a los servidores públicos municipales relacionadas con la materia de protección civil, que tengan como finalidad orientar la actuación de las autoridades y evitar hechos similares a los que dieron origen al presente pronunciamiento, así como colaborar ampliamente con la CNDH en la presentación y trámite de la queja que promueva ante las Contralorías de sus municipios.
RESPONDE EL GOBERNADOR DE TABASCO
De acuerdo a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los involucrados tienen un plazo de 15 días hábiles para dar respuesta sobre la aceptación de la recomendación, y se advierte que la falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la Recomendación no fue aceptada, por lo que la CNDH quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa circunstancia.
El mandatario estatal respondió al día siguiente y señaló que revisará su contenido para responder en los términos de la ley.
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