Ante el grave problema de inseguridad que sufre el país, mucho se ha insistido en el rol fundamental que tiene la ciudadanía para combatir y acabar con los problemas que nos aquejan, ante la falta de confianza en las autoridades y en la declarada corrupción que impera en las instituciones que nos deben proteger.
Los ciudadanos debemos informarnos correctamente para poder organizarnos y, en consecuencia, exigir de manera idónea; esto implica un enorme compromiso por nuestra parte, ante los múltiples obstáculos que existen en nuestro entorno para conseguir nuestro fin de bienestar social.
Por intereses, el sistema político es sumamente agresivo contra cualquier forma de organización ciudadana —especialmente en temas de seguridad pública—, pues en la historia mexicana y su devenir democrático e institucional, el régimen priista no ha visto la necesidad de formar cuadros cívicos independientes que no estuvieran ligados o subordinados a su estructura, lo cual ha ocasionado, entre otras cosas, que en México no estemos acostumbrados a hacer valer nuestros derechos ciudadanos.
No obstante, hay un segmento de la sociedad que se ha volcado a la acción cívica, compuesto por lo general de personas que han sufrido en carne propia la corrupción institucional en todos los niveles y ámbitos, así como los estragos del crimen.
Así tenemos como ejemplo a Josefina Ricaño, fundadora de ‘México Unido contra la Delincuencia’; Isabel Miranda de Wallace, de ‘Alto al Secuestro’ y Alejandro Martí, que inició el movimiento ‘México SOS’ (de él es esa famosa frase que hoy reiteramos a gritos todos los mexicanos a la administración pública inefectiva y pasiva: “SI NO PUEDEN, RENUNCIEN”); y por último, Javier Sicilia y su ‘Movimiento por la paz’.
Más las muchas manifestaciones públicas en las cuales la ciudadanía en diversos momentos de las últimas dos décadas han elevado un “YA BASTA” exigiendo a las autoridades que pongan un alto a los índices de secuestros y robos que van en aumento.
Una luz de esperanza se enciende con estos movimientos, ya que proponen y promueven una conciencia ciudadana de participación. Son los que, sin duda, tienen la capacidad de despertar a los mexicanos. Sin embargo, a pesar de los logros de estos movimientos ciudadanos bregamos hoy en día con una declarada desesperación que está llevando a situaciones extremas ante el hartazgo de la gente, por la inefectividad de los sistemas coercitivos del Estado. La ciudadanía empieza a hacer justicia de propia mano.
En la guerra contra el narcotráfico ha aparecido una modalidad más preocupante. Ciertos grupos que se dicen ciudadanos, con armas de grueso calibre, con vestimentas tipo militar, se asumen como grupos de autodefensa; bajo esta modalidad surgió La Familia Michoacana, la cual se decía defensora de los pobladores de ese estado.
De lo anterior, queda claro que en México estamos teniendo dos acciones enérgicas de justicia ciudadana, opuestas completamente, en respuesta ante el gran vacío que dejan las corporaciones de seguridad pública.
Seguro que la única opción efectiva es la primera; la participación informada, inteligente y pacífica de la sociedad en corresponsabilidad con el Estado, de ello depende el rescate de México de la terrible inseguridad que nos aqueja... ¡No es posible que vivamos secuestrados por el miedo!... ¡Ya no más!
Por intereses, el sistema político es sumamente agresivo contra cualquier forma de organización ciudadana —especialmente en temas de seguridad pública—, pues en la historia mexicana y su devenir democrático e institucional, el régimen priista no ha visto la necesidad de formar cuadros cívicos independientes que no estuvieran ligados o subordinados a su estructura, lo cual ha ocasionado, entre otras cosas, que en México no estemos acostumbrados a hacer valer nuestros derechos ciudadanos.
No obstante, hay un segmento de la sociedad que se ha volcado a la acción cívica, compuesto por lo general de personas que han sufrido en carne propia la corrupción institucional en todos los niveles y ámbitos, así como los estragos del crimen.
Así tenemos como ejemplo a Josefina Ricaño, fundadora de ‘México Unido contra la Delincuencia’; Isabel Miranda de Wallace, de ‘Alto al Secuestro’ y Alejandro Martí, que inició el movimiento ‘México SOS’ (de él es esa famosa frase que hoy reiteramos a gritos todos los mexicanos a la administración pública inefectiva y pasiva: “SI NO PUEDEN, RENUNCIEN”); y por último, Javier Sicilia y su ‘Movimiento por la paz’.
Más las muchas manifestaciones públicas en las cuales la ciudadanía en diversos momentos de las últimas dos décadas han elevado un “YA BASTA” exigiendo a las autoridades que pongan un alto a los índices de secuestros y robos que van en aumento.
Una luz de esperanza se enciende con estos movimientos, ya que proponen y promueven una conciencia ciudadana de participación. Son los que, sin duda, tienen la capacidad de despertar a los mexicanos. Sin embargo, a pesar de los logros de estos movimientos ciudadanos bregamos hoy en día con una declarada desesperación que está llevando a situaciones extremas ante el hartazgo de la gente, por la inefectividad de los sistemas coercitivos del Estado. La ciudadanía empieza a hacer justicia de propia mano.
En la guerra contra el narcotráfico ha aparecido una modalidad más preocupante. Ciertos grupos que se dicen ciudadanos, con armas de grueso calibre, con vestimentas tipo militar, se asumen como grupos de autodefensa; bajo esta modalidad surgió La Familia Michoacana, la cual se decía defensora de los pobladores de ese estado.
De lo anterior, queda claro que en México estamos teniendo dos acciones enérgicas de justicia ciudadana, opuestas completamente, en respuesta ante el gran vacío que dejan las corporaciones de seguridad pública.
Seguro que la única opción efectiva es la primera; la participación informada, inteligente y pacífica de la sociedad en corresponsabilidad con el Estado, de ello depende el rescate de México de la terrible inseguridad que nos aqueja... ¡No es posible que vivamos secuestrados por el miedo!... ¡Ya no más!
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