Causó impacto en la capital del país la noticia de que en Tabasco se pondrá brazalete electrónico rastreable con satélite a los menores infractores.
Se trata de una de las innovaciones contempladas en la Ley de Justicia para Adolescentes, ya aprobada en comisiones del Congreso local, y en espera de bajar al pleno.
Sin embargo, lo verdaderamente novedoso de esta legislación es que duplicará las penalizaciones a menores que incurran en delitos graves.
Hoy día, la sociedad tabasqueña no puede sentirse a gusto de lo que está pasando con quienes, se supone, son su futuro, cuando en las páginas de los diarios aparecen, fotografiados, jovencitos ejecutados o, en el menor de los casos, mostrando en el pecho el número de su consignación.
El crecimiento de delitos cometidos por menores es alarmante: la cifra de procesados por diversos ilícitos del primer semestre de 2011 (248) duplica a la de todo 2010 (136) y casi dobla también a la de 2009 (162).
El asunto se complica porque se ha incrementado también la incidencia en delitos considerados de alto impacto, como robo con violencia, secuestros, extorsiones y otros como lesiones y de índole sexual.
Había que hacer algo. Y de manera radical.
El titular del Poder Judicial estatal, Rodolfo Campos Montejo, opina que las penas a los adolescentes implicados en delitos debe ser proporcionales al daño causado.
“No se le puede tratar igual a quien de manera tan brutal atenta contra otra persona, contra su vida, contra su integridad corporal… yo creo que debemos actuar con toda severidad”, remarca el magistrado.
Así es como la iniciativa de ley prevé subir de ocho a 15 años de cárcel la pena para los adolescentes que cometan homicidio doloso, violación, secuestro, robo con violencia, lesiones calificadas, trata de personas y tráfico menores.
La nueva ley contempla más penalización e, incluso, que cuando el adolescente cumpla la mayoría de edad, sea trasladado al reclusorio estatal.
Entre las medidas cautelares figuran la colocación de localizadores (brazaletes), que se le puede poner en el tobillo o en la muñeca para tenerlo satelitalmente monitoreado, localizable, que esté en el lugar de la sentencia y no pueda salir de la ciudad.
Expertos en derecho penal no mostraron agrado por el anuncio del titular de la PJE. Consideran que violenta garantías. Javier Cruz Angulo, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) advierte: “La condición de menores infractores está regulada por el 18 constitucional y no puede ser regulada por el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco”.
Es probable que la ley, además de novedosa con todo y su brazalete, contenga medidas para prevenir y evitar que más jóvenes incurran en actividades delictivas, o que reincidan. Pero la sociedad no las conoce. Campos Montejo y los legisladores que darán su aval al dictamen, deben involucrarse también en una mayor difusión de la iniciativa.
Deben mostrarnos también qué hacen otras instancias y órdenes de gobierno para orientar a los jóvenes, para motivarlos a actividades sanas y productivas, a prácticas deporte.
Este reto conlleva también un mayor sentido de responsabilidad de los padres de familia con la educación y formación de sus hijos, que nunca serán demasiado grandes para corregirlos… desde casa.
Y a esos muchachos que no se cansan de exhibir su rebeldía, le digo que nos daría mucho más gusto verles mostrar su título universitario, o alguna presea del metal que sea, que ver sus cuerpos fotografiados en algún paraje solitario, o verlos estrenar uno de esos brazaletes.
La clave está en el camino que escojan. ¿Piedra, papel o tijera?
Sin embargo, lo verdaderamente novedoso de esta legislación es que duplicará las penalizaciones a menores que incurran en delitos graves.
Hoy día, la sociedad tabasqueña no puede sentirse a gusto de lo que está pasando con quienes, se supone, son su futuro, cuando en las páginas de los diarios aparecen, fotografiados, jovencitos ejecutados o, en el menor de los casos, mostrando en el pecho el número de su consignación.
El crecimiento de delitos cometidos por menores es alarmante: la cifra de procesados por diversos ilícitos del primer semestre de 2011 (248) duplica a la de todo 2010 (136) y casi dobla también a la de 2009 (162).
El asunto se complica porque se ha incrementado también la incidencia en delitos considerados de alto impacto, como robo con violencia, secuestros, extorsiones y otros como lesiones y de índole sexual.
Había que hacer algo. Y de manera radical.
El titular del Poder Judicial estatal, Rodolfo Campos Montejo, opina que las penas a los adolescentes implicados en delitos debe ser proporcionales al daño causado.
“No se le puede tratar igual a quien de manera tan brutal atenta contra otra persona, contra su vida, contra su integridad corporal… yo creo que debemos actuar con toda severidad”, remarca el magistrado.
Así es como la iniciativa de ley prevé subir de ocho a 15 años de cárcel la pena para los adolescentes que cometan homicidio doloso, violación, secuestro, robo con violencia, lesiones calificadas, trata de personas y tráfico menores.
La nueva ley contempla más penalización e, incluso, que cuando el adolescente cumpla la mayoría de edad, sea trasladado al reclusorio estatal.
Entre las medidas cautelares figuran la colocación de localizadores (brazaletes), que se le puede poner en el tobillo o en la muñeca para tenerlo satelitalmente monitoreado, localizable, que esté en el lugar de la sentencia y no pueda salir de la ciudad.
Expertos en derecho penal no mostraron agrado por el anuncio del titular de la PJE. Consideran que violenta garantías. Javier Cruz Angulo, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) advierte: “La condición de menores infractores está regulada por el 18 constitucional y no puede ser regulada por el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco”.
Es probable que la ley, además de novedosa con todo y su brazalete, contenga medidas para prevenir y evitar que más jóvenes incurran en actividades delictivas, o que reincidan. Pero la sociedad no las conoce. Campos Montejo y los legisladores que darán su aval al dictamen, deben involucrarse también en una mayor difusión de la iniciativa.
Deben mostrarnos también qué hacen otras instancias y órdenes de gobierno para orientar a los jóvenes, para motivarlos a actividades sanas y productivas, a prácticas deporte.
Este reto conlleva también un mayor sentido de responsabilidad de los padres de familia con la educación y formación de sus hijos, que nunca serán demasiado grandes para corregirlos… desde casa.
Y a esos muchachos que no se cansan de exhibir su rebeldía, le digo que nos daría mucho más gusto verles mostrar su título universitario, o alguna presea del metal que sea, que ver sus cuerpos fotografiados en algún paraje solitario, o verlos estrenar uno de esos brazaletes.
La clave está en el camino que escojan. ¿Piedra, papel o tijera?
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