Omisión legislativa: culpas del drama social

Hoy en día nos vivimos quejando de muchas decisiones institucionales, porque nos tienen todo el tiempo con la cantaleta de que el sistema es corrupto, que la pobreza no se erradica porque la economía no alza, que los monopolios, que la delincuencia y todo lo que adorna el discurso político de la oposición existente.

La oposición forma parte en todas las entidades federativas, y a nivel federal, de los Congresos, en donde se toman las decisiones institucionales que afectan al interés público, es decir, a la colectividad en general; hoy en día no existen decisiones absolutas en las actuaciones de las autoridades.
En México, la ley suprema por excelencia es la Constitución, que incluye a las garantías individuales de los ciudadanos y las reglas por las cuales el Estado ha de funcionar para administrar lo que el mexicano necesita en tutela de los derechos consagrados por estas garantías.
De ahí que establezca el equilibrio en la existencia de los tres poderes que convergen para hacer todo esto posible: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
En nuestra sociedad, cada una de estas instituciones tiene bien delimitadas sus actividades por la misma Carta Magna a nivel nacional y cada estado funciona también por su propia Constitución, más las leyes especiales, reglamentos y cualquier normatividad para el efecto. Pero ninguna de las actividades que tales órganos ejecuten puede violentar lo establecido por la Constitución federal.
De tal suerte que las actuaciones y decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo deben pasar por el filtro del Poder Legislativo, quienes como garantes de los intereses de la colectividad, pues son nuestros representantes populares, deben respetar y hacer respetar el marco de la Constitución.
Esta actividad resulta en la aprobación o desaprobación de las decisiones de la mayoría en un recinto legislativo.
Cuando un ciudadano se constituye en legislador no se le exenta de la responsabilidad que tiene para la sociedad por ignorancia, pues existe una partida presupuestal bastante decorosa para allegarse de asesoría de especialistas en cada asunto que vaya siendo tratado por ellos.
De tal forma que si se trata de una reforma legislativa habrá de estudiar esto a conciencia antes de emitir su dictamen. Por eso reciben dietas bastante decorosas, porque los intereses que manejan no son cualquier cosa. Son los intereses de una sociedad. Por ende, la obligación de un diputado que actúa sin intereses mezquinos, personales o institucionales del partido que le posicionó, es actuar de conformidad a Derecho.
Y así, recurrir la determinación adoptada por la mayoría con la cual no está de acuerdo, a fin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre al estudio de esto por medio de una acción de inconstitucionalidad o de una controversia constitucional, según el caso.
Quien no actúa de tal manera es igualmente responsable de las afrentas que se le ocasiona a la ciudadanía, por la aprobación de una decisión legislativa incorrecta, corrupta o manipulada.
De ahí el porqué se dice que en estas tierras peca tanto el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Tal cual.