El tema actual: la homologación integral de las elecciones federales y locales para el 2012, que involucra al Instituto Federal Electoral y al Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Tabasco.
Tanto el vocal ejecutivo del IFE en Tabasco como el presidente del IEPCT son optimistas al referir en esencia que esto tendrá enormes beneficios, por donde se le vea; que no habrá ningún problema para la coordinación de las actividades propias de cada fase de los procesos electorales, ya sea simultánea o alternamente.
Sin embargo, la realidad del IEPCT debe llevar a la seria reflexión sobre el modo en que se ha proyectado hacia la sociedad; pues no obstante que se dice ser una institución con autonomía técnica y todos los adornos que la Ley le brinda, esto no ha sido suficiente para trascender una actitud más profesional de sus integrantes a lo largo de su desempeño.
El IEPCT ha convivido con muchos conflictos a su interior, especialmente por los protagonismos en que incurren los consejeros electorales, por cuidar los intereses de sus simpatías políticas y porque todos desean destacar en forma individual. Gran error, porque olvidan que como institución conforman un todo.
Lamentablemente estos problemas domésticos se tornan institucionales, de enorme trascendencia para la credibilidad y confianza que debe generar, dado la encomienda que constitucionalmente tiene dicha dependencia de organizar los comicios electorales.
Un claro ejemplo: la Secretaría Ejecutiva, columna vertebral de dicha institución que ejecuta las decisiones del Consejo y tiene un sinnúmero de responsabilidades tanto administrativas como técnico-jurídicas, incluida la sustanciación de los procedimientos sancionadores que tanto dolor de cabeza le ha dado al propio Instituto y a los actores políticos.
Lo cierto es que sobre dicha área se ejerce la mayor presión de todo el proceso electoral, proveniente de los Consejeros Electorales, de los representantes partidistas, de los candidatos, de los medios de comunicación y de la sociedad misma, que quiere resultados óptimos en cumplimiento a la Ley. Ni cómo eludir.
Por lo tanto, le toca a los consejeros electorales proveer para que, previo al proceso electoral local, cuenten con el personal apto y suficiente, debidamente capacitado, que brinde la atención adecuada a la demanda de los comicios de 2012, cuyo resultado sea congruente con los mensajes optimistas de funcionalidad que hoy se brinda hacia la sociedad.
Sólo así se erradicarán, en lo más posible, las modificaciones y revocaciones de las que han sido objeto sus determinaciones. Este es uno de los caminos más cortos para consolidar la credibilidad ciudadana sobre su actividad.
La judicialización de los procesos electorales no cesará. No están dadas las condiciones políticas. Pero lo que sí es seguro es que a la sociedad ya le empieza a “incomodar” sostener el tren de vida de instituciones ineficientes. Hay que dar resultados positivos.
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