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Aunque algunos ponentes consideran que hay fundamentos legales para permitir la participación de empresas en la explotación de hidrocarburos, otros rechazan tales argumentos
Samuel L. Soto Giles / gi_les@hotmail.com
En el Foro “Participación de los particulares en el aprovechamiento y explotación del petróleo en México” que la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT presentó recientemente, tres de los cuatro ponentes propusieron que Pemex se abra a la participación del capital privado nacional e internacional.
De este foro que terminó en debate y que realizaron los alumnos de la licenciatura de Derecho en la aula Magna, Démira Gil Leyva dijo que el motivo era interpretar y comprender si es positivo o no para el país la participación de los particulares en el aprovechamiento y explotación del petróleo mexicano porque esta opción tiene dos visiones: aceptar que inversionistas tengan a bien invertir para adquirir nueva tecnología aunque las utilidades se irían a otros países.
Lenin Ramírez Matus abrió el Foro presentando la ponencia Análisis Económico del Aprovechamiento y Explotación del Petróleo en México.
Al revisar la propuesta de que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere modernizar a Pemex con las bases de la industria Petrobras en la que invierten capital empresas brasileñas y extranjeras con lo que Brasil ha obtenido mayor tecnología, Ramírez Matus dijo que se oponía a tal política.
Para ello argumentó que la economía es la ciencia social que se encarga de estudiar al hombre, a la conducta económica, en relación con los bienes y servicios, a la maximización de utilidad en un principio de escasez, es decir hacer más bienes con poco presupuesto.
Y que para llevar a cabo la proyección de una conducta económica, dijo, se deben tener en cuenta los factores de la realidad. “Así, se debe observar si Petrobras tiene mejor tecnología que Pemex, si tiene mejores rendimientos”.
Al considerar que no había tal supuesto, Ramírez Matus consideró que no se debe permitir la participación de inversiones debido a que es una violación al artículo 27º constitucional porque los hidrocarburos son de los mexicanos, aunque demandó que México debe hacer una mayor inversión en tecnología.
Por su parte, el joven Kristhian Alexis Sánchez Garrido al desarrollar la ponencia “La opinión de los partidos políticos sobre el tema” consideró que es posible la propuesta de dar entrada a la participación de los particulares a la explotación del petróleo sin que el Estado mexicano pierda la soberanía o rectoría.
Sin embargo advirtió que el presidente del PRD, Jesús Sambrano, ha dicho que se actuará de manera radical para la no privatización con el apoyo de los gobiernos estatales perredistas, para el caso, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard realizó una encuesta en que la mayoría respondió con un no a la privatización.
Ante tal situación, Sánchez Garrido dijo que la realidad hace ver que es momento de modernizar a Pemex, como dice el presidente Enrique Peña, Nieto, “y si no tenemos la tecnología para ir a aguas profundas es necesario darle la entrada a la iniciativa privada en favor del futuro de México”.
Para ello, dijo, debe hacerse una reforma constitucional con la normatividad correspondiente al artículo 27 que en su texto expone: tratándose del petróleo, los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, de minerales radiactivos no se otorgarán ni se concederán concesiones ni contratos.
SEGUIR ESQUEMA DE PETROBRAS
En este foro estudiantil, Iram Peña Murillo presentó la ponencia “Marco legal de la explotación y aprovechamiento del petróleo en Brasil”, coincidiendo que en México es viable la aplicación de ese modelo.
Aclaró que si bien privatizar es quitar el dominio público al petróleo, “no hablamos de privatizar, estamos hablando de apertura a la iniciativa privada para que compañías nacionales e internacionales puedan aportar con su dinero maquinaria y tecnología y México pueda explotar los yacimientos difíciles”.
Observó que como candidato electo Peña Nieto fue a varios países para verificar la organización de varias empresas petroleras, siendo una de ellas Petrobras, cuyo modelo pudiera aplicarse en México.
Petrobras, explicó, es una empresa de energía sui géneris, única en su especie, puesto que tiene ideologías compartidas tanto estatista como neoliberalista.
“Esto no quiere decir que el petróleo forme parte de las empresas privadas, el Estado mantiene el patrimonio sobre el bien pero las empresas pueden invertir y obtener una ganancia sobre el mismo producto”, explicó.
En sus estatutos, explicó, Petrobras especifica que es una sociedad de economía mixta, bajo control del gobierno nacional con plazo de duración indeterminado, que se regirá por las normas de la Ley de Sociedades por Acciones (Ley N° 6,404 del 15 de diciembre de 1976).
En este caso, se asienta, el control del gobierno nacional será ejercido mediante la propiedad y posesión de, como mínimo, cincuenta por ciento más una acción, del capital con derecho a voto de la sociedad.
De esta manera, las actividades económicas vinculadas a su objeto social serán desarrolladas por la compañía con carácter de libre competencia con otras empresas, de acuerdo a las condiciones de mercado, observados los demás principios y directivas de la Ley N° 9,478, del 6 de agosto de 1997 y de la Ley N° 10,348, del 26 de abril de 2002.
Petrobras, directamente o por medio de sus subsidiarias, asociada o no con terceros, podrá ejercer en el país o fuera del territorio nacional cualquiera de sus actividades integrantes de su objeto social.
Peña Murillo insistió que “esto quiere decir que el gobierno de Brasil es el accionista mayoritario de la empresa Petrobras, que mantiene voz y voto, pero la empresa brasileña es una sociedad anónima de capital variable.
Relató que durante la presidencia de Fernando Enrique Cardoso se vendieron muchas compañías estatales, como Embraer (industria aeronáutica), Compañía Vale do Rio Doce (CVRD, industria minera), Embratel (telecomunicaciones) y los sectores eléctrico y petrolero también fueron parte de las reformas.
“Se reformó la constitución para permitir que compañías extranjeras hicieran investigaciones y extrajeran petróleo en Brasil. Petrobras, la compañía petrolera propiedad del Estado, no fue vendida y siguió en manos del gobierno, pero el concepto del modelo económico brasileño ha cambiado en los 1990s”.
Antes de las reformas había muchas compañías estatales y los sectores estaban regulados por los ministerios, que seguían regulaciones gubernamentales que podían cambiar de tiempo en tiempo.
Después del proceso de privatización se crearon agencias reguladoras para representar el estado, independientes del gobierno. Antes que nada se crearon tres agencias: ANP (petróleo y gas), ANEEL (energía eléctrica) y ANATEL (telecomunicaciones).
El estudiante Peña Murillo ilustró con una gráfica que en 2000, el porcentaje de las acciones que tenía el gobierno en Petrobras era del 60 por ciento; para 2006 ese porcentaje disminuyó hasta el 39 por ciento y en 2011 se mantenía en 40 por ciento.
“Lo que quiere decir ante esta realidad que los estatutos ya no son aplicables porque si bien el gobierno sigue teniendo voz y voto, ya no es el accionista mayoritario”, dijo Peña Murillo.
El ponente destacó que de aplicarse ese modelo a Pemex, la paraestatal no se convertiría en S.A. de C.V. sino con la contratación similar a una asociación en participación que tiene candados para que las empresas nacionales o internacionales no vayan a hacer lo que quieran con el oro negro, pero van a tener ganancias por su inversión.
BASE LEGAL
Con su ponencia “Marco legal de la explotación y aprovechamiento del petróleo en México”, Lucero Rodríguez Ruiz argumentó su propuesta de que se legisle para la participación del capital privado en Pemex.
La constitución mexicana, dijo, considera a la explotación petrolera como un área estratégica para el aprovechamiento en beneficio del desarrollo social y cultural y el otorgamiento de servicios indispensables a la sociedad mexicana, por tal motivo el Estado mexicano se reserva su aprovechamiento.
Para tal efecto, el artículo 25, en su párrafo cuarto dice a la letra que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que señala el artículo 28, párrafo cuarto, manteniendo el gobierno federal el control.
La legislación destaca que “no constituirá monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos, radiotelégrafos, petróleo y demás hidrocarburos”.
Sin embargo, hace notar que según el artículo 27, párrafo cuarto, el petróleo corresponde a la nación, que son los ciudadanos, y éstos, de acuerdo al artículo 41, como pueblo ejercen su soberanía por medio de los poderes de la unión.
Además se especifica que al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público, el sector social y el sector privado.
Por tal motivo, Rodríguez Ruiz concluyó: “estoy de acuerdo en que haya participación de los particulares en la explotación y aprovechamiento del petróleo”.
Puntualizó que no estaba hablando de privatización sino de una asociación en participación en la que el sector privado podrá intervenir pero el dominio directo lo tendrá el Estado mexicano.
“Es decir, se podrían celebrar contratos que no transmitan la propiedad y el dominio directo y que deberá estar siempre bajo el control de los órganos estatales”, explicó la ponente.
Además, comparó, en México tampoco se pueden celebrar contratos de producción compartida, con los que los particulares en otros países les dan una bonificación al Estado que en todo momento tiene la propiedad de dicha área estratégica.
Así, Rodríguez Ruiz propuso un contrato que reciba el nombre de Asociación en Participación, que no daña el espíritu del constituyente y que se encuentra en la Ley de Sociedades Mercantiles, y por el cual una persona concede a otra que le aporte bienes y servicios, una aportación en las utilidades.
En este foro asistieron el director de la División, Lenin Gómez Paz, y el presidente de la Sociedad de alumnos, Jesús Gómez Silva.
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