Para lamento de la historia democrática del país y de Tabasco, vemos que las autoridades que se suponen ajenas a directrices sufren reveses que, guste o no a los titulares de los respectivos poderes Ejecutivos, ponen en duda su trabajo institucional.
Rosa Elvia Bracamontes / rosaelviab@hotmail.com
El PRI se anotó un golazo cuando anunció que sería removido el titular de la FEPADE, adscrito a la Procuraduría General de la República, el licenciado Jose Luis Vargas, encargado del trámite de los delitos electorales.
Dicho funcionario se “atrevió” a publicitar que no encontró indicios en las averiguaciones previas relacionadas con la elección de Michoacán que acreditaran que el crimen organizado estuvo involucrado, y ello hubiese beneficiado al PRI en los resultados comiciales.
Por tanto, no sorprendió que el anuncio se cumpliera, pues el hoy ex fiscal, dio al traste con la presunción que el gobierno federal había fincado, en el afán de restar legitimidad al triunfo del tricolor, ya confirmado por el TEPFJ.
Le guste o no al Presidente de la República, la probidad de las actuaciones futuras de dicha institución electoral quedarán en duda, pues aunque está facultado para remover a su titular, políticamente es peligroso hacerlo por tal motivo.
Con ello se trastoca violentamente la objetividad, imparcialidad y autonomía técnica conferida a dicha área, dispuesta así para mantenerse ajena a manipulaciones institucionales, lo cual genera un punto negativo a la contienda federal, discurrida en una serie de eventos desafortunados, originados también por el IFE, enmendados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Es sabido que al mediar reformas en la ley de la materia, quienes se encargan de aplicarla deben ir previendo situaciones de riesgo, lo cual en este caso se ha dirimido por ocurrencias y presiones partidistas, lo que ha sido muy criticado por las corrientes políticas que se ven agraviadas con tales decisiones.
Situación que no sólo acontece en el plano federal, pues en nuestra localidad hemos visto discurrir un proceso donde el árbitro electoral ha adoptado decisiones que ponen en duda su probidad, lo cual se lamenta pues tienen a elementos capaces para actuar de conformidad a Derecho.
Las reglas son claras y no sujetas a criterios diversos; no cuando se trata de aspectos presupuestales como sucedió en el caso de la negativa sistemática que se aplicó a la Coalición de las izquierdas.
Cierto es que muchas de sus determinaciones las confirma la instancia judicial, pero también que cualquier detalle que se sale de contexto es usado para desacreditar al árbitro electoral, quien debe respetar y hacer respetar celosamente los principios rectores de la materia y evitar que su actuación se presuma encaminada a inclinar la balanza hacia un partido político.
Preocupa porque ya Tabasco vivió en 2000 la nulidad de una elección y cualquiera diría: total, hacemos otra. Y sí es viable, pero ello representa la inversión de muchísimo dinero que bien puede ser utilizado en rubros de mayor trascendencia y necesidad social.
Preocupa porque existe un enorme esfuerzo institucional para tutelar los aspectos legales de nuestra democracia y que en verdad se cumpla el mandato ciudadano. En teoría, porque en la práctica pareciera que estamos bastante lejos de ello.
Dicho funcionario se “atrevió” a publicitar que no encontró indicios en las averiguaciones previas relacionadas con la elección de Michoacán que acreditaran que el crimen organizado estuvo involucrado, y ello hubiese beneficiado al PRI en los resultados comiciales.
Por tanto, no sorprendió que el anuncio se cumpliera, pues el hoy ex fiscal, dio al traste con la presunción que el gobierno federal había fincado, en el afán de restar legitimidad al triunfo del tricolor, ya confirmado por el TEPFJ.
Le guste o no al Presidente de la República, la probidad de las actuaciones futuras de dicha institución electoral quedarán en duda, pues aunque está facultado para remover a su titular, políticamente es peligroso hacerlo por tal motivo.
Con ello se trastoca violentamente la objetividad, imparcialidad y autonomía técnica conferida a dicha área, dispuesta así para mantenerse ajena a manipulaciones institucionales, lo cual genera un punto negativo a la contienda federal, discurrida en una serie de eventos desafortunados, originados también por el IFE, enmendados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Es sabido que al mediar reformas en la ley de la materia, quienes se encargan de aplicarla deben ir previendo situaciones de riesgo, lo cual en este caso se ha dirimido por ocurrencias y presiones partidistas, lo que ha sido muy criticado por las corrientes políticas que se ven agraviadas con tales decisiones.
Situación que no sólo acontece en el plano federal, pues en nuestra localidad hemos visto discurrir un proceso donde el árbitro electoral ha adoptado decisiones que ponen en duda su probidad, lo cual se lamenta pues tienen a elementos capaces para actuar de conformidad a Derecho.
Las reglas son claras y no sujetas a criterios diversos; no cuando se trata de aspectos presupuestales como sucedió en el caso de la negativa sistemática que se aplicó a la Coalición de las izquierdas.
Cierto es que muchas de sus determinaciones las confirma la instancia judicial, pero también que cualquier detalle que se sale de contexto es usado para desacreditar al árbitro electoral, quien debe respetar y hacer respetar celosamente los principios rectores de la materia y evitar que su actuación se presuma encaminada a inclinar la balanza hacia un partido político.
Preocupa porque ya Tabasco vivió en 2000 la nulidad de una elección y cualquiera diría: total, hacemos otra. Y sí es viable, pero ello representa la inversión de muchísimo dinero que bien puede ser utilizado en rubros de mayor trascendencia y necesidad social.
Preocupa porque existe un enorme esfuerzo institucional para tutelar los aspectos legales de nuestra democracia y que en verdad se cumpla el mandato ciudadano. En teoría, porque en la práctica pareciera que estamos bastante lejos de ello.
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