La historia es contada por militares de alto rango: Desde principios de su sexenio, cuando la violencia se enseñoreó en México, el gobierno de Felipe Calderón sintió las presiones de Estados Unidos.
José Ureña / primercirculo@hotmail.com
Primero fue George W. Bush el interesado en ayudar a apaciguar su vecino sureño. Luego Barack Obama.
Quién lo dijera: los mexicanos sienten más simpatías por los demócratas, pero han sido los republicanos los mejor portados con el país. Las deportaciones de Obama sustentan con números este aserto.
A esas pruebas se suma otra: Hillary Clinton y el gabinete de seguridad de Obama pusieron especial empeño en transformar a los capos del narcotráfico en terroristas.
La trampa de Washington era clara, pero aun así la especie comenzó a naturalizarse en algunos miembros del gabinete y entre fines de 2007 y principios de 2008 hubo largas discusiones sobre el tema.
El debate se centró en el Acta Patriótica. La USA Patriot Act tuvo su origen en la paranoia de Bush tras el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono el 11 de septiembre de 2001.
Con ella se amplió sin límites la actuación del Estado so pretexto de combatir el terrorismo.
TOMÁS ÁNGELES
¿Qué cuestionaban de la USA Patriot Act los patriotas mexicanos? Simple. Sería conceder territorialidad a Estados Unidos para intervenir en el país.
Si hacia adentro se restringieron libertades y garantías constitucionales, hacia fuera daba autoridad a agencias estadunidense para incursionar bajo invocaciones de seguridad.
Los casos extremos son Afganistán e Irak, donde todavía se viven secuelas del envío de fuerzas militares y el derrocamiento de regímenes.
¿Estaba México dispuesto a permitirlo?
Entre los opositores registre usted un nombre: Tomás Ángeles Dauahare, a la sazón subsecretario de la Defensa Nacional.
Hoy es conocido en todo el país por su aprehensión, entonces no tanto.
Había tenido una larga, larguísima carrera en distintos puestos militares y por ello en 2000 y 2006 se le mencionó como potencial secretario de la Defensa, cargo desempeñado ahora por el general Guillermo Galván Galván.
Cuentan de él dos historias:
A Vicente Fox no lo convenció.
Con Felipe Calderón hubo diferencias marcadas porque expresó abiertamente su oposición a meter de manera indiscriminada a fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
Según su dicho, una cosa es participar en la lucha contra el narcotráfico con el decomiso de droga y la detención de capos, y otra muy distinta vigilar carreteras y desempeñar labores específicas de la policía.
Ya jubilado, no ha perdido su posición: si hubo fecha de entrada del Ejército, debe haber fecha de salida.
ACUERDOS PRIVADOS
No se trata aquí de salir en defensa de nadie, sino de advertir un riesgo latente.
De momento Estados Unidos no ha logrado someter a México al USA Patriot Act y esa es una buena noticia.
Se han aceptado otro tipo de acciones, llamadas de cooperación en el argot diplomático.
Es el caso del Plan Mérida, por ejemplo. Incluye apoyos económicos y en equipo (destacan los helicópteros artillados) para el combate de la gran delincuencia.
Al margen de esas ayudas públicas hay otras no difundidas.
Es el caso del intercambio informativo entre ambos gobiernos para perseguir a capos o a políticos de dudosa actuación en cargos públicos.
En estos momentos incluye a muchos y, caso curioso, sólo priistas.
Ha sido difundida la investigación sobre tres ex gobernadores de Tamaulipas —Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández— pero a la lista se han sumado otros como Fidel Herrera.
Con tanta complacencia, no hace falta la USA Patriot Act, ¿no cree usted?
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